Horacio Duque.- Con los avances del proceso de paz salen a la esfera pública potentes expresiones de la resistencia popular, como las acciones colectivas del Chocó, Caquetá y Putumayo.
El paro cívico del Chocó está plenamente justificado y el gobierno de Santos debe atender su justo pliego de peticiones, dando las garantías correspondientes en vez de mandar al criminal ESMAD. Apoyamos resueltamente la movilización cívica de los 500 mil habitantes del departamento.
Que le digan al país qué se hicieron los 7 billones de pesos supuestamente invertidos allí en diversas obras, durante los cinco años de gobierno del actual jefe de la Casa de Nariño.
Una vergüenza el saqueo protagonizado por la casta politiquera y una vergüenza la impunidad en que se mueven los artífices del robo al Chocó.
Con la apertura democrática y la ampliación de los derechos políticos de los colombianos como logros del proceso de paz, están aflorando un cúmulo de problemas represados durante años, que el Estado desconocía mediante la represión y el ultraje, además de la consabida manipulación de las maquinarias clientelares en las que derivó el viejo bipartidismo liberal-conservador.
Paros cívicos, protestas populares, mingas agrarias, bloqueos de autopistas y acciones colectivas son la nota predominante en el campo político. Se trata de recursos de las comunidades para obligar al Estado y al gobierno de turno a resolver gravísimos problemas sociales.
Durante este año se han presentado diversas expresiones de inconformidad social como el paro de las centrales obreras, la Minga étnica y campesina, el paro camionero y en la coyuntura nos encontramos con la parálisis del Chocó, el rechazo a la explotación petrolera en el Caquetá y las manifestaciones de los cocaleros del Putumayo, contra las arbitrarias erradicaciones de los cultivos de la mata de coca en la región, sin que se ofrezcan soluciones productivas apropiadas para las comunidades campesinas.
El Paro del Chocó ya completa 6 días y compromete una comunidad integrada por 500 mil personas, 100 mil de las cuales son indígenas, ubicados en 130 resguardos, en condiciones de absoluta miseria y exclusión.
El comercio está cerrado, la educación no funciona y muchas otras actividades van a media marcha, porque la población, afrodescendiente en su gran mayoría, se cansó del azote que genera la corrupción de una delincuencial casta política, causante del descomunal déficit de la salud, del bloqueo de las vías hacia Pereira y Medellín, de la falta de interconexión eléctrica, de los agudos problemas con el saneamiento básico, de la pobreza, la miseria y la violencia de los grupos paramilitares que prevalecen en Quibdó y las principales arterias fluviales (Baudo y Atrato), controladas por ejércitos privados de paramilitares, al servicio de la minería ilegal y del narcotráfico, fenómeno al cual no es ajena la élite militar, gubernamental y la de las cúpulas de la politiquería asociada a la gobernanza nacional.
Se trata, pues, de un justificado levantamiento popular, de una manifestación de resistencia que la demagogia y el macartismo del Ministro del Interior encargado, dr Rivera, no pueden deslegitimar con afirmaciones absurdas como aquella que pretendía descalificar el paro porque entre sus líderes estaban caracterizados militantes de la izquierda democrática. Típico lenguaje de la ultraderecha uribista que desconoce la realidad de la protesta social y la obligación de darle las garantías necesarias.
Desde la Casa de Nariño dicen que el paro no se justifica porque esta administración ha invertido en la región cerca de 7 billones de pesos. Cifra gigantesca que se esfumó en las manos y bolsillos de reconocidos agentes del oficialismo santista. Si esa es la cifra invertida, las preguntas que muchos nos hacemos son las siguientes: ¿Dónde están las obras que debieron construirse con tales partidas? ¿A quiénes se adjudicó la realización de las mismas? ¿Quién favorece con las licitaciones y contratos a una reconocida constructora como la de los Solartes autores de los más diversos fraudes en distintos frentes de obras civiles como dobles calzadas, túneles y viaductos? ¿Quién se robó la plata de los hospitales y los colegios? ¿Dónde están esos dineros?
La indignación de los chocoanos está plenamente justificada, por supuesto el paro, más cuando se sabe que los artífices del desfalco y el robo del Chocó siguen muy campantes en medio de la impunidad y los privilegios judiciales y penitenciarios otorgados por jueces de la cuerda de la politiquería santista.
Nota. Sale a la luz pública toda la corrupción del exgobernador del Cauca Temístocles Ortega y la de su protegido el actual gobernador Oscar Campos. Unos pícaros que simulan cercanía con las reivindicaciones democráticas. Nos faltan los detalles del robo, junto al senador Velasco, de las regalías petroleras y la mermelada que fluyó ampliamente hacia Popayán en los últimos 50 meses a través de los OCAD. Miles de contratos con altas cifras fueron adjudicados a dedo, las obras no existen y de allí surgió una nueva aristocracia encabezada por Luis Fernando Velasco, la nueva ficha del santismo caucano.
T/ Horacio Duque
F/ Archivo CO
Artículo publicado en Rebelión
F/ Archivo CO
Artículo publicado en Rebelión
