AVN.- El 22 de agosto de 1973 el pleno de la Cámara de Diputados en Chile fue citado a una sesión especial. El objetivo fue discutir y aprobar un "acuerdo" con el cual se pretendía iniciar un juicio político en contra del Presidente Salvador Allende.
Esa maniobra fue parte de una guerra no convencional (acaparamiento y boicot en la distribución de productos prioritarios) y las campañas de desinformación y de manipulación, todas dirigidas hacia un mismo fin: el derrocamiento del Mandatario chileno, que tras consumarse en septiembre de ese mismo año dio paso a una cruenta dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet que duró 17 años y medio.
Hoy, la derecha en Venezuela pretende reproducir un plan similar: boicot económico, campaña nacional e internacional de desprestigio contra la patria, la incitación a una intervención extranjera y, lo más nuevo, un acuerdo que se asemeja al presentado ese 22 de agosto por los parlamentarios chilenos contra Allende.
El pasado domingo 23 de octubre los diputados de derecha con mayoría en la Asamblea Nacional (AN) —órgano que se encuentra en desacato con el orden democrático— aprobaron un acuerdo en el que desconoce abiertamente a los demás Poderes Públicos e incluso instiga a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a ponerse al margen de la institucionalidad democrática.
Como en aquel documento aprobado en 1973 en Chile, el escrito presentado y admitido por la derecha en el Parlamento tiene entre sus tareas aplicar un juicio político desde la AN al presidente Nicolás Maduro, aunque esa acción es inexistente en la Carta Magna.
Las razones son calco y copia del acuerdo aprobado contra Allende, incluso la referencia que hizo la derecha chilena al "sistema totalitario" que entonces supuestamente ejercía Allende.
En el documento del 22 de agosto de 1973, la derecha chilena también arremetió contra el Poder Judicial. Lo propio hacen ahora los parlamentarios venezolanos al señalar que "el Tribunal Supremo de Justicia ha traicionado su razón de ser, abandonando su rol de garante de los derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, porque sus decisiones denotan falta de independencia y objetividad".
También se repite en el caso de la instigación a la desobediencia a los oficiales de la Fuerza Armada. En Chile, en el documento suscrito hace 43 años trataron de persuadir a los oficiales de los distintos componentes de esa institución armada.
