Yvke Mundial / Ciudad Caracas.- Todos los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, al momento, presentan una deuda de orden jurídico-legal ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, y ante sus seguidores, debido a que no se apegaron a los preceptos que rigen la actividad en ocasión de los comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre de 2015, donde no presentaron sus propias tarjetas sino que lo hicieron en bloque, lo cual contraviene la norma.
Las organizaciones políticas de la MUD violaron la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que en su artículo 32, aparte “b” plantea como motivo de disolución de esas entidades políticas: “A consecuencia de su incorporación a otro partido o su fusión con éste”. Justamente lo que ocurrió en su participación en las elecciones parlamentarias.
Ante tal realidad la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), interpretó la sentencia de enero pasado sobre la renovación de la nómina de las asociaciones con fines políticos, y ordenó al CNE, a través de la sentencia 878, “que en el proceso de renovación de inscripción de los partidos políticos, debe verificar la nómina de inscritos a los fines de evitar que se produzca la doble militancia en alguno de ellos, y en caso de producirse, debe pronunciarse inmediatamente y remitir resultas a esta Sala”.
Indica además el ordenamiento que la MUD tiene seis meses para legitimar su carácter de apego a la constitucionalidad; aunque queda claro que los partidos políticos que no inscribieron candidatos en las dos últimas elecciones nacionales, sean presidenciales 2013 y parlamentarias 2015, por postularse en la tarjeta única de la MUD, pueden ser disueltos legalmente si no renuevan su militancia de acuerdo con la sentencia.
El Poder Electoral ya indicó que deben renovar su militancia los partidos Acción Democrática, Copei y el MAS, porque no presentaron su tarjeta desde las presidenciales de 2012; y Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, porque se plegaron a la tarjeta única de la MUD en las presidenciales de 2013 y las parlamentarias del año pasado. Mientras que PSL, Movimiento Ecológico y Nuvipa están en vías de religitimación.
Además, los partidos de carácter nacional deben tener el apoyo del 1% en por lo menos 12 estados para mantener su estatus en todo el país. Ante lo cual, la decisión de la Sala Constitucional del TSJ establece que los partidos políticos que no acaten el proceso de renovación ante el CNE no podrán, bajo ninguna circunstancia, participar en proceso comicial alguno, sea interno, municipal, estadal o nacional.
MUD EN DESACATO
No obstante todo este marco legal, la dinámica de la política nacional presentó a una Asamblea Nacional (AN) de mayoría derechista, declarada en desacato y girando instrucciones directas a la MUD, dejando a un lado los mandatos constitucionales, en su afán de “sacar al Presidente Maduro en seis meses”, por lo que el asunto de la legalidad de los partidos que la integran quedó en un segundo plano.
A pesar de ese vacío jurídico, la MUD volvió al ruedo electoral recolectando firmas para el Referendo Revocatorio con el que aspiraban cumplir su promesa de sacar al presidente Maduro.
Pero reincidieron en las fallas de orden legal y la MUD, tal como lo demostró la Comisión de Validación de Recolección de Firmas, el Buró Político del PSUV y el Gran Polo Patriótico (GPP), incluso ante masiva presencia de testigos de los partidos opositores, violó los reglamentos y cometió fraude.
Pero reincidieron en las fallas de orden legal y la MUD, tal como lo demostró la Comisión de Validación de Recolección de Firmas, el Buró Político del PSUV y el Gran Polo Patriótico (GPP), incluso ante masiva presencia de testigos de los partidos opositores, violó los reglamentos y cometió fraude.
“Está demostrado que incurrieron en el más gigantesco fraude que haya conocido la historia política y electoral de Venezuela”, dijo en esa ocasión el vocero de las fuerzas socialistas, Jorge Rodríguez, quien agregó que tanto Henrique Capriles Radonski como Jesús Torrealba, gobernador de Miranda y coordinador de la MUD, respectivamente, dieron garantía de la legalidad de las firmas, lo que quedó desmentido con el análisis posterior en el que intervinieron testigos de ambas partes.
Como ya se sabe, se encontró que 307 mil 747 de las rúbricas no cumplieron con uno o más criterios técnicos, como por ejemplo 10 mil 995 personas fallecidas; 9 mil 333 personas con número de cédula que no aparecen en el archivo de cedulados; un mil 335 inhabilitados políticos por poseer sentencias firmes por delitos graves; y 3 mil 3 menores de 18 años. Por este hecho se han introducido más de 8 mil 600 denuncias penales y administrativas ante los 23 tribunales superiores del país.
LA LEY PLANTEA LA SUSPENSIÓN
En ese sentido, el pasado 29 de agosto, la rectora del CNE, Tania D’ Amelio, recordó que la Ley de Partidos Políticos establece, en su artículo 32, las razones existentes para la cancelación de la inscripción de partidos políticos, entre las que destacan la eliminación de la inscripción de un partido por haber incurrido en “fraude” a la ley.
Previamente había informado que el Ministerio Público solicitó al CNE información sobre las irregularidades en la recolección de firmas del 1% del padrón electoral; hasta ahora no hay sanciones.
Así las cosas, a los diversos partidos que integran la MUD les corresponde ponerse a derecho ante el organismo rector de la actividad electoral, y aunque deben reinscribirse para participar en próximos eventos comiciales siguen expuestos a sanciones debido a que quedó demostrado que son infractores.
Así las cosas, a los diversos partidos que integran la MUD les corresponde ponerse a derecho ante el organismo rector de la actividad electoral, y aunque deben reinscribirse para participar en próximos eventos comiciales siguen expuestos a sanciones debido a que quedó demostrado que son infractores.
__________
Partidos opositores ubicados al margen de la legalidad
En el marco del desenvolvimiento democrático, la oposición debe apegarse a lo que dicta la letra legal para que forme parte del juego electoral y haga valer sus derechos siempre que respete los derechos de los demás.
Así lo dio a conocer el experto en materia jurídica, diputado socialista, Edwin Rojas, quien considera que “los partidos opositores deberían reinscribirse ante el CNE, ya que fueron a elecciones bajo el manto de la unidad y no cumplieron con la exigencia legal del mínimo de votos por partidos”, explicó.
Pero además los insta a acatar la sentencia del TSJ y desincorporar a sus tres diputados por Amazonas. “Además, es fundamental que participen constructivamente en el diálogo democracia y paz”, dijo.
PARTIDOS INHABILITADOS
Rojas es claro al exponer que en el actual concierto electoral los partidos de la MUD no están habilitados para intervenir en ningún proceso comicial debido a que violaron la Ley de Partidos Políticos, por participar en las parlamentarias sin identidad propia y por el fraude en la recolección de firmas para activar el Referendo Revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
“Ellos violaron la ley que rige la actividad y ahora están expuestos a sanciones”, explica Rojas, quien agrega, “por un lado están anulados como partido, tal como lo plantea la Ley, y por otro los responsables del fraude están expuestos a prisión, por comisión de delitos graves como usurpación de identidad, entre otros”, dijo.
TRIBUNALES SÍ PUEDEN SUSPENDER
A juicio del asambleísta, las decisiones que se han dado en los últimos días en torno a la suspensión de la recolección de firmas en diversas entidades federales por parte de tribunales con competencia judicial en esas regiones, está en el marco de la legalidad, ya que “están ejerciendo control de la constitucionalidad, a sabiendas del comprobado fraude en el proceso de recolección de firmas, como se comprobó; entonces se da la sentencia de nulidad que va al Tribunal Supremo de Justicia; mientras tanto el CNE solo acata las decisiones emitidas”.
Indicó que ejemplos como ese sobran en varios países del mundo, “sobre todo en Estados Unidos, donde los tribunales de cada estado toman decisiones que han afectado procesos y sentencias”, dijo.
Debe haber una diferenciación entre la solicitud de referéndum y el referéndum como tal; “lo primero es un acto administrativo y que exige una serie de requisitos legales, que de constatarse y estar a derecho darían paso a la segunda fase, que es el acto electoral, “pero si no se cumple con los requisitos cómo se pretende seguir en el juego democrático electoral”, señaló.
Dijo que “la AN debe reconocer al TSJ y recordar que son solo un Poder. Además, Venezuela tiene un régimen Ejecutivo, donde el Presidente es jefe de Gobierno y del Estado, y deben acatar las normas”.
