VTV.- Los tribunales penales de los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Monagas y Apure dieron respuesta a los más de 8.600 ciudadanos que denunciaron el fraude del que fueron objeto durante el proceso de recolección de 1 por ciento de las firmas para solicitar referendo revocatorio por parte de la autollamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), afirmó este viernes el jefe de la Comisión para la Verificación de Firmas, Jorge Rodríguez.
“El hecho de que tribunales penales hayan respondido a las más de 8.600 querellas y denuncias que se presentaron ante los tribunales penales señala que se está comenzando a hacer justicia (…) Los venezolanos y venezolanas a quienes se vulneraron sus derechos tienen también derecho a la reparación”, dijo, en transmisión de Venezolana de Televisión.
Rodríguez igualmente aclaró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumple con lo establecido en la Constitución y con su trabajo al postergar la fecha para una posible activación de 20 % de recolección de firmas, indicó la Agencia Venezolana de Noticias.
También recordó que más de 3.000 menores de edad y gran cantidad de privados de libertad aparecen firmando, por lo que el CNE actuó correctamente.
“El Consejo Nacional Electoral ha actuado, en todo tiempo, ajustado a la ley. Nosotros, en principio, insistimos en que se haga justicia, en que todos los venezolanos y las venezolanas que han visto vulnerado su derecho (…) sean atendidos por tribunales de la República”, expresó.
Durante el proceso de recolección de firmas que llevó adelante la MUD, el ente comicial recibió de parte de la autoproclamada MUD 1.900.000 rúbricas recogidas en el país para iniciar el proceso de referendo.
De esa cantidad, se avalaron 1.300.000 y se desecharon otras 605.727 debido a irregularidades, como la presencia de menores de edad, fallecidos y personas privadas de libertad.
Por consiguiente, la fecha de recolección de 20 % de firmas, que estaba prevista para el 26, 27 y 28 de este mes, se pospuso por dictamen de tribunales del país que enviaron al CNE “una sentencia cautelar que protege los derechos de los vulnerados”.
