VTV.- “Este es uno de los días memorables para Venezuela. Hoy es un día de esos que van marcando los caminos de los pueblos, los caminos de los países, los caminos de las Repúblicas. Hoy es un día de ratificación de la soberanía, de ratificación de la venezolanidad, de ratificación de la Revolución, de ratificación del sueño de una Venezuela libre verdaderamente”.
De esta manera, hace 15 años, desde la Refinería de Paraguaná, en el estado Falcón, el comandante Hugo Chávez inicia su discurso para el acto, en el que promulgó la Ley de Hidrocarburos, el 30 de noviembre de 2001.
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“Estamos dándole un giro estratégico al manejo de la industria petrolera venezolana”, destacó visionario, aquel día de historia, en el cual recordó además que la Ley de Pesca y Acuicultura sería la siguiente norma a promulgar, para beneficiar de manera particular a los artesanos de este sector, que son la gran mayoría de los pescadores venezolanos.
“Pues bien, entonces Paraguaná tiene bastantes razones para estar de júbilo, porque dentro del conjunto de Leyes Habilitantes, justas y revolucionarias, que hemos aprobado en este año que termina, pues precisamente allí hay dos leyes que son leyes que han causado esa polémica con algunos sectores del país, que no terminan de entender algunos, es que no terminan de entender que aquí hay una revolución en marcha y que esto no tiene vuelta atrás, y que Venezuela tiene que transformarse definitivamente”, dijo.
Una ley que devolvió el petróleo a los venezolanos
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La publicación el 13 de noviembre de 2001 de la reforma por vía de Decreto con Fuerza de la Ley Orgánica de Hidrocarburos fue el primer paso que dio el Gobierno de Hugo Chávez Frías para cumplir con el mandato constitucional de lograr la soberanía petrolera de Venezuela, tal como lo recoge el propio decreto:
“El Decreto Ley recoge el principio de la propiedad de la República sobre los yacimientos de hidrocarburos, ahora de rango constitucional. Efectivamente, por primera vez, nuestra ley fundamental ratifica expresamente la propiedad de la República sobre los yacimientos mineros y de hidrocarburos existentes en el país. Así, el Artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que, ‘los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles”.
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La decisión de recuperar la industria para beneficio de la nación, plasmada en la Ley de Hidrocarburos, no fue bien recibida por la denominada nómina mayor de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) porque, además, el decreto ley dejaba bien claro que la participación nacional en el aprovechamiento del recurso petrolero comprendía la regalía, los impuestos y los dividendos, mecanismos fiscales que las petroleras no respetaban o, incluso, estaban exoneradas de pagar:
“La regalía no es un impuesto, es la parte que le corresponde al Estado por ser propietario del recurso.El carácter impositivo viene dado por el ejercicio de la potestad del Estado o jus imperi para fijar los impuestos relativos a la realización de la actividad petrolera, fundamentalmente el impuesto sobre la renta. En su condición de empresario petrolero, al Estado le corresponde utilidades sobre el negocio, las cuales toman la forma de dividendos”.
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Este Decreto Ley establece una regalía mínima del 30% que, en armonía con una tasa de impuesto sobre la renta del 50%, la cual será fijada mediante un Decreto Ley dictado conforme a la Ley Habilitante y simultáneamente con el presente Decreto Ley, se aspira así la participación fiscal nacional en el mencionado rango promedio del 54%. El nivel de regalía establecido puede ser superado mediante el régimen de ventajas especiales”.
Los defensores de la meritocracia se aliaron a otros sectores empresariales y políticos de derecha que para preservar sus privilegios se oponían también a las reformas de las leyes de tierra y de pesca, entre otras. La ofensiva contó desde el inicio con empresas de comunicación. Emprendieron una campaña de miedo, que auguraba el supuesto colapso de la economía venezolana con la aplicación de la Ley de Hidrocarburos.
Los ataques llegaron a su máxima expresión el 11 de abril de 2002. Ese día un golpe de Estado derrocó al presidente constitucionalmente electo, pero dos días después el pueblo venezolano restituyó al presidente Chávez en la presidencia.
Cinco meses antes, aquel día 30 de noviembre de 2001, en Paraguaná, Chávez ya había advertido a los venezolanos el peligro que representaban esos grupos económicos apátridas: “Algunos sectores minoritarios, son sectores minoritarios, lo que pasa es que tienen peso económico y los medios de comunicación pues se encargan, porque casi todos los medios de comunicación están en manos de sectores adversos a la revolución (…) casi todos se encargan de magnificar estas posiciones de algunos sectores minoritarios, que han armado una alharaca y andan algunos enloquecidos”.
“Eso es cierto, hay que reconocerlo así, hay que decirlo así, para que todos aquí estemos claros de qué es lo que pasa en Venezuela”.
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