Telesur.- La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, declaró que "pudo haber conflicto de intereses" en el acuerdo de cobro de deuda realizado en 2016 con una empresa de la familia del presidente de la nación, Mauricio Macri, la cual estuvo encargada del correo oficial desde su privatización en 1997 hasta 2003, cuando volvió a ser nacionalizada.
La fiscal recalcó que lo acordado implicaría una quita de unos 4 mil millones de pesos ahora (256,24 millones de dólares) y cerca de 70.000 millones a 2033 (más de 4.000 millones de dólares), lo cual para Boquín "equivale a una condonación" de la deuda "y debe considerarse abusiva".
Por esta polémica, numerosos parlamentarios opositores en el país continúan con la formulación de pedidos de informe al Gobierno y la presentación de un amparo para detener el acuerdo por la deuda.
Mientras, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que integra la Procuración General de la Nación, inició una investigación para saber si el Gobierno incurrió en un fraude a la Administración, más allá de un posible tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
Entre las reiteradas críticas que ha recibido el gobierno de Macri, está el hecho de beneficiar a su círculo más cercano, como el caso de la modificación por decreto de la ley de Blanqueo de Capitales (la cual impedía a familiares cercanos a los funcionarios del Ejecutivo pudieran blanquear capitales no declarados) o la modificación a la ley de Medios, la cual beneficia a miembros del sector privado.
