Prensa Gobernación.- En un nuevo esfuerzo por tomar medidas necesarias que garanticen los derechos socio económicos del pueblo, el gobierno bolivariano del estado Cojedes, en compañía de la Sundee y el Seniat, fiscalizaron el establecimiento comercial el Centro del Color, donde se encontraron irregularidades como remarcaje, especulación y acaparamiento.
La gobernadora Margaud Godoy, explicó que el negocio dedicado a la venta de productos relacionados con la latonería y que tiene 13 años funcionando en la ciudad de San Carlos,estaba vendiendo con un margen de ganancia de 158% a 2.700%, por lo que se estableció el ajuste de precios de acuerdo a la ley, además de informar que el dueño del local comercial está detenido y puesto a la orden de la justicia.
Durante los 13 días que lleva activo el Plan de Fiscalización en los nueve municipios del territorio cojedeño, Godoy indicó que se han realizado 146 inspecciones, de las cuales 60 han sido planificadas y 86 han sido producto de las denuncias hechas por el pueblo en cada uno de los puntos establecidos.
Haciendo un recuento, mencionó que se sancionó la distribuidora Amofer I con 20.500 Unidades Tributarias, también mediante la revisión exhaustiva en Inversiones Guillermo dedicada a la venta de repuestos y lubricantes, se realizó el ajuste inmediato de precios redireccionando todas las piezas que se vendían, al igual que en Súper Autos Los Llanos donde 101 accesorios estaban siendo vendidos con sobreprecio.
Tras la fiscalización en la Charcutería La Aguadita, se realizó la venta de 60 bultos de harina de maíz precocido, 10 bultos de arroz y 20 cajas de margarina, a precios justos, asegurando en este sentido que hay hallazgos de todo tipo, por lo que seguirán inspeccionando y haciendo el respectivo control para evitar el fenómeno del bachaqueo.
Dejó claro que el interés del gobierno bolivariano es que todas las empresas que hacen vida en el territorio nacional puedan mantenerse cumpliendo una función en la economías del país, “pero lo que no podemos permitir es seguir siendo testigos de este tipo de crímenes económicos que afectan la vida y el salario del pueblo”.
A lo largo de este plan, detalló que algunos comerciantes han aludido el desconocimiento como un argumento, pero también han manifestado la disposición de colocarse a derecho y en este sentido dijo que la convocatoria es a seguir en la batalla y confiando en el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, que cada día ratifica su compromiso por proteger al pueblo, garantizando la justicia y con ella la paz.
En representación del poder popular, que también se ha sumado a este proceso de fiscalización, Miguel Solorzano, señaló “nosotros respaldamos las acciones emprendidas por el gobierno bolivariano que buscan proteger la economía del país y al pueblo de Venezuela, y estaremos siempre presentes haciendo contraloría, para velar que los productos sean vendidos a precios justos”.
