ERNESTO CAZAL / MISIÓN VERDAD / CIUDAD COJEDES.- Tal
vez no haya tema tan sensible en la historia política venezolana como la
corrupción. Los grandes escándalos por corrupción durante los 100 años
de la Venezuela exportadora de petróleo no tuvieron quién los
fiscalizara, a pesar de que el país ha contado con una estructura
punitiva eficaz sólo para quienes pudieran pagarla. La asunción del
Estado autocrático de Juan Vicente Gómez, caracterizado por una corrupta
política de concesiones, se tomó como una herramienta eficaz para
obtener los favores políticos de las grandes transnacionales del
petróleo. A su vez, la amplia circulación de dinero proveniente de la
industria extractivista erosionó la impronta productiva y estimuló la
propagación de la especulación y la corrupción financieras.
Posteriormente
el puntofijismo perfeccionó las sutilezas (a veces demasiado cruentas y
visibles) de la corrupción, época supuestamente democrática en la que
se tomaba la caja chica del Estado para enriquecer a diversos sectores
privados, que se rotaban los favores recibidos dependiendo de quién
ocupara la Presidencia de la República. Por esto el escritor venezolano
José Ignacio Cabrujas calificó al petroestado nacional como un
campamento: quien ocupe la tienda, tiene en sus manos el dinero
proveniente del petróleo. El siguiente dato es demoledor: según el
Ministerio Público venezolano entre 1966 y 1996 los ingresos de la
nación alcanzaron los 260 mil millones de dólares; casi la mitad fue
desviada hacia los bolsillos de una pequeña élite política e importadora
a través de la malversación de fondos públicos, lavado de divisas,
sobrefacturaciones en compras oficiales, empresas fantasmas, compras
fraudulentas, banqueros sin escrúpulos, jueces complacientes, fiscales
silenciados, tráfico de influencias, extorsiones, asesinatos selectivos.
Las amantes con poder también son otro capítulo interesante en la
historia de la corrupción en Venezuela.
Bien
documentados los orígenes privados de la corrupción pública en
Venezuela, hay que tomar en cuenta la grave lesión que recibió la
tesorería nacional por parte de quienes disolvieron el dinero que el
petróleo aportaba al país en los corretajes financieros del capital
privado nacional e internacional. Durante el puntofijismo la impunidad
fue la prima más cercana de la corrupción. Hoy en Venezuela el
Ministerio Público encabezado por Tarek William Saab da algunas
respuestas a la población en torno a tramas de corrupción que fueron
denunciadas anteriormente vía medios de comunicación.
La
política de la renovada Fiscalía General de la República, contraria a la
de la gestión anterior de Luisa Ortega Díaz (quien lideraba una red de
extorsión en el seno de esta institución), se centra en individuos y
grupos de poder que tomaron para sí lo que es del Estado y lo volvieron
un arma para implosionar, debilitar, sabotear, corromper, las
instituciones estatales nodales para la economía y las finanzas del
país. En este especial de La Memoria Anda Suelta Como el Viento,
ofrecemos un repaso por algunos casos de corrupción en la Cuarta
República, conocidos por todos los venezolanos con memoria nacional, que
ponen en contraste la actual cruzada que el Ministerio Público mantiene
con respecto a la impunidad de las décadas anteriores.
Una cruzada contra el olvido
El
Estado venezolano da ejemplo al mundo en la lucha contra la corrupción,
al atreverse a iniciar una verdadera cruzada en contra de las mafi as
que funcionan como carteles, en la industria de hidrocarburos y
principalmente en Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa). Como bien los
señaló hace unos días atrás el ministro del Poder Popular para la
Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, quien expresó que pocos
países en el mundo se han atrevido a realizar una lucha anticorrupción
como la que ha emprendido el Gobierno Bolivariano en estos últimos meses
con el fin de sanear a la principal industria del país. Sin embargo, la
mediática burguesa insiste en asegurar que nunca ha existido tanta
corrupción como ahora.
En
realidad, lo que nunca se había visto, sino hasta ahora, era la
explícita voluntad de la dirigencia política gobernante, de llegar a
fondo con los casos de corrupción, hasta sus últimas consecuencias y
caiga quien caiga. No olvidemos, que tal y como lo aseguró en su momento
el Comandante Hugo Chávez, la rebelión popular de El Caracazo en 1989 y
la rebelión cívico- militar del 4 de febrero de 1992, tuvieron su
origen en la indignación del pueblo ante la falsa democracia
adeco-copeyana que se dedicó a desfalcar al país y convertirlo en un
verdadero nido de delincuentes de cuello blanco que actuaban
impunemente.
EL ASESINATO DE RAMÓN CARDONA: AUTOPSIA DE LA CORRUPCIÓN EN LA VENEZUELA SAUDITA
Gladys
Jorge intentó demostrar ante los medios de comunicación que su esposo,
el abogado venezolano Ramón Carmona, había sido asesinado por razones
políticas y no por otras (robo o crimen pasional), como planteaba la
Policía Técnica Judicial (PTJ). El 28 de julio de 1978, en la avenida
Andrés Bello, Caracas, a las 2 y media de la tarde, tres hombres
salieron de una camioneta, intentaron hacer que el abogado se subiera al
vehículo, y ante su negativa y consecuente forcejeo, recibió sendas
ráfagas de ametralladora que dejarían el cadáver de Ramón Carmona en el
asfalto y sangriento como en una película de gángsters estadounidenses.
La viuda de Carmona acusó públicamente a la PTJ de haber sido la autora
material del asesinato. ¿Pero quién el autor intelectual? ¿Cuáles los
motivos? Tanto El Nacional como Radio Caracas y la revista Resumen,
dirigida por Jorge Olavarría, documentaron con minuciosidad todos los
pormenores del caso y fungieron incluso de fiscales ante la impunidad
estatal.
El
entonces presidente Carlos Andrés Pérez movió sus influencias en el
sistema judicial venezolano, por intermedio de la relación clientelar
entre el líder adeco David Morales Bello y una importante camarilla de
jueces y fiscales, para detener las investigaciones pertinentes al caso.
¿Qué relación tiene el asesinato de Carmona con el Presidente de la
República? ¿Por qué tanta diligencia por parte de Pérez? Todas las
evidencias develaron una compleja estructura de transacciones ilegales
que incluía el uso del Estado para fines de enriquecimiento privado por
parte de una red social encubierta cuyo centro era el propio presidente
Pérez y su círculo cercano de “apóstoles” y amantes. Para entender esta
red habría que hablar de industriales italianos. Renato Campetti fue un
empresario que compró, junto con otros accionistas italianos, Playa
Moreno, terreno de propiedad pública de 1.200.000 m² en la Isla de
Margarita, estado Nueva Esparta, gracias a la “permisología” del
gobierno de Pérez para convertirlo en un centro turístico privado.
Campetti formaba parte del círculo de confianza de Cecilia Matos,
secretaria y amante de Pé- rez. Carmona fue abogado del rico italiano.
Por su
lado, el grupo económico Di Mase, vinculado desde siempre a Acción
Democrática, tenía fuertes intereses en la banca y era propietario de la
ensambladora venezolana de la italiana Fiat. Tanto Campetti como los
hermanos Di Mase y el contratista Alberto Aoun fungieron de
intermediarios en la compra del Estado venezolano de seis fragatas
militares, barcos de guerra, vendidas por Cantieri Navali del Tirreno
Riuniti, de Riva Tigroso, Italia. Esta transacción supuso un negocio de
más de 600 millones de dólares. El antropólogo Fernando Coronil, en su
análisis y crónica sobre el caso, descubrió que el informe anual de la
Contraloría General de la República muestra que el Gobierno pagó por los
barcos 100 millones de dólares más que su precio de mercado. Parte de
ese dinero (entre sobornos y sobreprecios), según el testimonio de
Manuel Molina Gásperi, paró en los bolsillos de la mismísima Cecilia
Matos. Molina Gásperi fue el jefe de la PTJ durante el primer gobierno
de Pérez, acusado por Gladys de Carmona de ser el autor intelectual del
asesinato de su esposo, y apresado por hechos que no refieren
directamente al homicidio del abogado y posteriormente puesto en
libertad condicional. Ramón Carmona y Manuel Molina Gásperi conocían el
negocio que llevó a inflar la cuenta bancaria de Matos.
Carmona y Molina estaban enfrentados. El ex jefe de la PTJ declaró
clandestinamente en 1979 ante medios de comunicación que el asesinato
del abogado se había decidido “en el Palacio Presidencial, porque
Carmona sabía demasiado” acerca de los negocios de Cecilia Matos con
Campetti y los italianos de Riva Tigroso. Olavarría escribió a finales
de 1978 en la revista Semana: “La sangre de Carmona ha caído sobre todos
nosotros. Ella salió de la sangre de todos los pobres asesinados con
‘energía’ (alusión a Pérez) justiciera. Ella se nutrió de la impudicia
de la demagogia que denuncia la corrupción, pero que la práctica a ojos
vistas. Ella nació de haber aceptado, sin protestar, el primer
atropello, el primer muerto, el primer corrupto. Ella mana de la
cobardía, de la indiferencia, del comodismo. Y el caso mismo, podrido en
sus antecedentes, en sus raíces, en sus proyecciones, no es accidente;
es síntoma de la purulencia de una sociedad delincuente, que persigue al
que tiene el valor de hablar y que ampara al que tiene la desvergüenza
de convertirse en su encubridor y cómplice”. De más está decir que los
detalles y alrededores del caso no fueron esclarecidos.
EL CHINO EXPIATORIO DE RECADI
Con
el llamado Viernes Negro en 1983, el saliente presidente Luis Herrera
Campíns inauguró la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales
(Recadi) para el control estatal de las divisas, incluida la imposición
de una tasa preferencial para importaciones. Se supone que la medida
ayudaría a frenar la fuga de divisas. El gobierno de Jaime Lusinchi
mantendría Recadi como fórmula monetaria. La segunda administración de
Carlos Andrés Pérez lo desmontó. El 23 de febrero de 1989, unos días
antes del Sacudón venezolano, el ex Presidente de la República anunció a
medios de comunicación que había ordenado a los ministros de la
Secretaría, Hacienda y Relaciones Interiores, “abrir una rápida,
exhaustiva y determinante investigación sobre un posible fraude a la
Nación, derivado de la sobrefacturación de importaciones con dólares
preferenciales, autorizados por Recadi a varias empresas del sector
privado durante 1988, y cuyo monto podría ascender a 2 mil 500 ó 3 mil
millones de dólares”.
Para
el 10 de abril de 1989 se reportaba que el monto alcanzaría los 50 mil
millones de dólares. Según la siguiente tabla compartida por el
periodista Ernesto Navarro, la cantidad sería mucho mayor. Reseña
Navarro en torno a la trama que Recadi era “utilizado por funcionarios
públicos, empresarios, políticos y particulares para traficar
influencias, otorgar y recibir privilegios, ventajas económicas, evadir
leyes, responsabilidades, lucrarse en grupo e individualmente de las
mayorías populares. El nombre de Blanca Ibáñez, secretaria privada del
presidente Lusinchi, será uno de los más relacionados con este caso”.
Carlos Tablante, del Movimiento al Socialismo (MAS), ante la Cámara de
Diputados del extinto Congreso nacional acusó a cinco empresas de
“aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, utilización de dólares
preferenciales para fines distintos a los declarados, sobrefacturación
de importaciones y soborno” en Recadi. Las empresas eran:
- Distribuidora Nueva Zelandia C.A.
- Maquinarias Royal C.A.
- Maquinarias Europa, C.A.
- Maquinarias Victoria.
- Maquinarias Onix.
Las
empresas pertenecían “a los ciudadanos chinos Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing,
ambos con domicilio social falso y actividades comerciales totalmente
desconocidas”, dijo Tablante en su alocución del 26 de marzo de 1989.
Las investigaciones se concentraron en tres frentes específicos:
investigación inmediata de las últimas gestiones cumplidas por los más
recientes directores de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz y Edgalia
Bastardo de Leandro; la administración de divisas para el Puerto Libre
de Margarita; y la actuación de las empresas verificadoras
internacionales: Caleb Brett, Bureau Veritas y Société Généralé
Surveillance.
A
principios de mayo de 1989, el juez Luis Guillermo Larriva López,
encargado del caso, dictó autos de detención contra los presidentes de
las tres empresas extranjeras verificadoras de las importaciones y
contra dos chinos nacionalizados venezolanos (Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing)
por el delito de “aprovechamiento fraudulento” de dinero del Estado.
También apresaron a tres empleados del Banco Ítalo Venezolano. Estas
fueron las primeras y últimas detenciones en torno al caso Recadi. Por
ello mismo, sorprendieron las declaraciones del presidente del Tribunal
Superior de Salvaguarda, Guillermo Urbina Cabello, sobre el caso Recadi
del 12 de abril de 1989: “En estos casos, cuando están implicados sobre
todo altos funcionarios pú- blicos, es muy difícil, por no decir
imposible, comprobarles la comisión de un acto de corrupción, porque son
personas generalmente universitarias, ilustradas y con cierta cultura
que, además, para cometer estos delitos, se asesoran por abogados,
auditores, contabilistas, economistas… son los llamados ladrones de
cuello blanco”.
Resalta
el hecho de que Urbina Cabello junto a otro miembro del Tribunal
Superior de Salvaguarda resolvieron cerrar la averiguación penal contra
la empresa Interamericana de Aviación y su presidente, Julio Mendoza
Silva, “por considerar -y esta fue la primera decisión en el caso Recadi
en contra o a favor de algún particular- que hasta el presente no se ha
ocasionado ningún daño al patrimonio público en el otorgamiento de
dólares preferenciales, dado que el Fisco Nacional puede ejecutar la
fianza otorgada. Por tanto, este otro hecho denunciado no reviste
tampoco ningún ilícito penal”, decía la ponencia. De hecho, el único que
permaneció tras las rejas fue Ho Fuk Wing, mejor conocido en la
historia de Venezuela como “el chinito de Recadi”. Fuk Wing fue el chino
expiatorio que necesitaba el puntofijismo en su enfoque “gatopardista”
de la política: que cayera un individuo sin mayor importancia para la
trama de corrupción más escandalosa hasta esos momentos era una victoria
acotada a la impunidad campante de los criminales con levita y paltó,
un blanqueamiento de capital político que no duraría sino unos pocos
años más.
LOS LOBOS DEL BANCO LATINO
Entre
1993 y 1995 se dio la famosa crisis financiera en la que el Estado
venezolano intervino 16 bancos en quiebra cuyos activos representaban
48,4% del sistema financiero local y concentraban más de 50% de los
depósitos. Además, se produjo una fuga de capitales estimada en 3 mil
730 millones de dólares. Pedro Tinoco hijo fue presidente del Banco
Latino y uno de los “apóstoles” más poderosos de Carlos Andrés Pérez. En
la década de 1990 fungió como presidente del Banco Central de
Venezuela, mientras se conservaba como el principal accionista del
Latino.
Siendo
el principal responsable de la entidad reguladora de la moneda
venezolana, aprobó el libre albedrío de su próspero banco permitiendo el
aumento desproporcionado de los intereses por depósitos y ahorro
bancario, con el objetivo de captar ahorristas y en consecuencia el
dinero de la población que acudiera a los servicios financieros del
Banco Latino. Explica Franco Vielma que la misión de Tinoco y otros
muchos banqueros de la época “consistía en amasar inmensas cantidades de
capital con un solo propósito: centrifugar el dinero venezolano y
adquirir con él (es decir con plata que no era de ellos, sino de los
ahorristas) inmensas cantidades de dólares al Estado y a los tenedores
que los ofrecían en el mercado paralelo de la época”.
Sigue
Vielma: “De esa manera los bancos se capitalizaron con divisas que
luego fugaron del país. En simultáneo, este grupo de bancos y banqueros
detonaron una ‘insolvencia masiva’, tanto en dólares como de capital en
bolívares -de los ahorristas en los bancos. Decretaron un corralito
financiero y se impuso el verdadero pandemónium. Por avaricia y por
actuar a sus anchas dominando la política monetaria estatal, los
banqueros reventaron una crisis donde millones de personas perdieron sus
ahorros, sin quien respondiera por ellos y sin anunciar reparaciones.
Eran aquellos tiempos ‘cuando éramos felices y no lo sabíamos’, tiempos
en los que tener el dinero en el banco era un verdadero riesgo de
perderlo”. Lo que ocurrió posteriormente, la fuga de todos los banqueros
a Miami, Panamá o Costa Rica, conformó una página más de impunidad en
torno a la corrupción financiera en nuestro país. Todos, incluidos los
recordados Orlando Castro (Banco Progreso) y Gustavo Gómez López (Banco
Latino), alegaron ser víctimas de componendas o de persecución política.
La
quiebra generó suicidios y pérdidas cuantiosas a personas naturales y
jurídicas. La crisis se agudizó en un primer momento con el auxilio
financiero del Estado a los banqueros, dinero que el Estado generó de la
nada, sin respaldo y que aceleró la crisis monetaria. La fuga del
“auxilio” se produjo nuevamente con la reproducción del robo
sistemático, pues las condiciones de ingobernabilidad y libre albedrío
monetario persistían. Los ahorros de personas naturales no recibieron
reparaciones o fueron reparados luego de años, cuando las devaluaciones e
inflación habían restado valor a esos ahorros. Incluso muchas de esas
reparaciones pendientes se hicieron en el primer gobierno de Hugo Chávez
en respuesta a una demanda de justicia por un gran número de personas
afectadas.
El
total de las “ayudas” entregadas por el Gobierno nacional de entonces a
la banca comercial fue de aproximadamente 1 billón 272 mil millones de
bolívares, anota Vielma. El 19 de enero de 1994 el gobierno de Ramón J.
Velásquez, quien sustituyó al caído Pérez, rescató al Banco Latino a un
costo de casi 1 mil 800 millones de dólares. En el Latino no solo
estaban depositados ahorros de la población (1,2 millones de
depositantes), sino también fondos del Estado, incluidos recursos de la
agencia de regulación bancaria. La cantidad de dinero en “auxilios
financieros” entregados por el gobierno de Rafael Caldera a las
instituciones afectadas alcanzó, a mediados de junio de 1994, más de 8
mil 500 millones de dólares, equivalentes al 75% del presupuesto
nacional para ese año. La población, e incluso el mismo Estado
venezolano, veía frente a sí cómo grupos oligopólicos se apropiaban de
su dinero y los fugaba fuera a grandes centros del capitalismo
financiero, fuera a paraísos fiscales. El neoliberalismo sin adjetivos.
Lucha contra la corrupción: Comparaciones clave
» Al
revisar estos escándalos, se hace inevitable una comparación con la
actual cruzada emprendida desde la Fiscalía General de la República con
el apoyo irrestricto del Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional
Constituyente
Sin duda los casos de corrupción que
ilustran esta investigación tienen características comunes con las
actuales tramas descubiertas por el Ministerio Público en estructuras
como Cadivi/Cencoex y PDVSA. Sus orígenes se caracterizan por la
inserción de individuos y grupos en las estructuras del Estado que
tuvieron por objetivo captar, privatizándolo, dinero de la renta
petrolera. Se utilizaron las figuras de empresas fantasmas para cobrar
sobrefacturación en compras públicas y otras irregularidades en
beneficio del desfalco. El tráfico de influencias y extorsiones de
jueces, fiscales y agencias de seguridad estatales se unifican en redes
que congregan a entidades privadas como firmas de abogados, bancos,
personas jurídicas. La fuga de capitales es una característica vital de
estos casos de corrupción.
La
captación de renta petrolera por miles de millones de dólares es el fin
último de los criminales de “cuello blanco”. El único dato diferencial
entre los casos del puntofijismo y los ahora investigados por la
Fiscalía General es que éstos últimos tienen a la corrupción como
herramienta para flagelar, con alevosía, los cimientos del Estado-nación
venezolano al mismo tiempo que provee riqueza personal. En ninguno de
los casos comentados hubo objetivo alguno de lograr que se hiciera
justicia o determinar qué era lo que realmente había sucedido.
El
mencionado antropólogo Coronil, con relación a este desconcierto,
escribió en El Estado mágico: “Los escándalos eran expresión de una
lucha de poder cuyo fin era recomponer una violación de las reglas o un
desequilibrio específico por medios informales. Se movilizaba a la
opinión pública para realinear las fuerzas en el seno de la clase
dominante, no para alcanzar un resultado legal concluyente. Los lazos de
reciprocidad existentes, construidos en torno de una compleja red de
complicidad, servían como contención contra la formalización de la
resolución de los conflictos mediante el sistema legal. El escándalo
transformaba un caso en espectáculo. El espectáculo no producía los
resultados de obligatorio cumplimiento que producen las decisiones
legales, sino una representación, la ilusión de que había resultados”.
Todo lo
contrario, la presente lucha contra la corrupción pretende resarcir los
daños ocasionados por empresarios fraudulentos y funcionarios públicos,
con una impronta de repatriar los capitales fugados y obtenidos de forma
ilegal. El balance hasta los momentos es una muestra de que el combate a
la impunidad no se toma con ligereza: por los múltiples casos que
incumben a PDVSA y sus filiales, incluidas las tramas descubiertas en la
Faja Petrolífera del Orinoco, se encuentran detenidos 67 gerentes, 17
de ellos altos mandos, ex presidentes de la estatal petrolera y ex
ministros (Eulogio Del Pino, Nelson Martínez); por el caso
Cadivi-Cencoex son 209 las empresas investigadas, además de 21
empresarios detenidos por fraude cambiario hasta los momentos. El mismo
Fiscal General anunció que la cruzada apenas empieza. Con el apoyo
irrestricto del presidente Nicolás Maduro y la población venezolana, la
lucha contra la corrupción al estilo puntofijista parece cosa del
pasado. La historia, esta vez, no parece repetirse: otros son los
tiempos.
Recordar es vivir:
Una lista mínima de la corrupción en la cuarta república
Solo para
traer a la memoria los cientos de miles de casos de corrupción que se
denunciaron en la Cuarta República,ofrecemos esta pequeña lista que deja
muy lejos lo de “para muestra un botón”:Robo en el Terminal de La
Bandera. 300.000 millones de bolívares de desfalco a la nación por
obras. Reponsable: Antonio Ledezma
- Robo de 5.000 millones de Inmerca (Instituto de Mercados Municipales); responsable: Antonio Ledezma
- Al exalcalde ahora prófugo de la justicia, también se le ha señalado de dolo en la concesión a la empresa Hai-China, en el Cementerio General del Sur, por un monto de 1.500 millones de bolívares anuales durante 20 años. Pero las actividades ilícitas subían de categoría y eran perpetradas no solo por funcionarios medios, sino también por integrantes del Ejecutivo, incluso por los propios presidentes.
- Desvío de fondos a Nicaragua: 100 millones de dólares. Responsable: Carlos Andrés Pérez
- Robo de maíz africano. 100 millones de dólares. Responsable: Luis Herrera Campíns
- Robo con el barco “Sierra Nevada”. 400 millones de dólares. Responsable Carlos Andrés Pérez–Robo con la Manzopol (Policía de Manzo González “Jeep” y armas) para el CEN de AD 180 millones de dólares. Responsable: Jaime Lusinchi
- Robo en Recadi. 122 millones de bolívares. Responsable: Jaime Lusinchi.
- Robos en los Bancos Progreso y Latino y . 90.000 millones de bolívares. Reponsables: Luis Herrera- Orlando Castro
- Desfalco y robo durante el período conocido como Viernes Negro-alza del dólar. 300.000 millones de dólares. Responsables: Luis Herrera Campíns y Leopoldo Díaz Bruzual “el Búfalo”
- Robo con cuentas mancomunadas. 1200 millones de dólares. Responsables: Cecilia Matos y CAP. -Robo de 700 millones de bolívares. Vinicio Carrera (Luis Herrera)
- Robo en el Banco de Los Trabajadores (BTV). 1.800 millones de bolívares. Responsables: Carlos Ortega y CAP
- Robo en la Fundación del Niño. Responsable: Rafael Caldera.
- Robo en el Centro Simón Bolívar. 600 millones de bolívares. Con autobuses Ícaros. Diego Arria y CAP
- Robo de 20 millones de bolívares. En barras de oro del Banco Central de Venezuela y depositadas en Chase Manhatan Bank
- Pedro Tinoco y Rafael Caldera. Responsables del robo de 10.000 millones de bolívares del Instituto de Crédito de los Trabajadores (Incret). Ciudad Vacacional Los Caracas
- Robo en la empresa Cemento Andino. 1.000 millones de bolívares. Responsables: Williams Dávila y CAP
- Robo de prestaciones de los trabajadores del INH. 1.500 millones de bolívares. Responsables: Banca Ibáñez y Jaime Lusinchi • Robo y quiebra de la empresa Viasa, el Estado perdió más de 65.000 millones de bolívares. También el saqueo de 1.720 millones de bolívares en el negocio de la privatización de la Cantv. Responsable: CAP
- Robo de 5.000 millones de bolívares/año a Pdvsa para ONG Primero Justicia
