Yvke Mundial.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab informó este jueves que el Ministerio Público
emitirá próximamente una orden de aprehensión con la respectiva alerta
roja a Interpol contra el expresidente de Petróleos de Venezuela
(Pdvsa), Rafael Ramírez.
Tarek hizo referencia a la presunta
responsabilidad del expresidente de PDVSA en las acciones ilícitas que
se desarrollaron en la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política
Petrolera ubicada en Viena, donde se estima que el desfalco a la nación
ascienda a los 5.000 millones de dólares.
“Desde la oficina de Viena el crudo liviano y mediano se subvaloró a los costos del golfo de los Estados Unidos para
su venta en Europa, lo que generó pérdidas que están aún por definirse,
pero por otra parte para la colocación en el mercado asiático, se
sobrevaloró el precio, lo cual generó poco interés en el crudo
venezolano y por ende no se pudo colocar petróleo venezolano en estos
mercados lo que fue aprovechado por otras empresas. Se perdió la
oportunidad de vender nuestro petróleo de los campos de Merey y Boscán”,
detalló.
El Fiscal General adelantó que se tiene previsto
la intervención de esta oficina y la designación de una junta
interventora que lleve a cabo una auditoría profunda que permita
cuantificar el valor de las pérdidas que esta acción delictiva generó al
Estado y la estatal petrolera, así como a los responsables.
Igualmente, subrayó que otro caso donde se presume la responsabilidad de Ramírez,
es la contratación del “buque fantasma”, el cual recordó fue un
contrato con un alto índice de sobreprecio, que además implicaba
perdidas millonarias a la nación.
“Ese buque chatarra, propiedad de una empresa
fantasma, estuvo el 60% del tiempo inoperativo y aún así se le pagó la
totalidad de los acordado en el contrato como si hubiese estado
trabajando”, dijo.
Saab recalcó que el nuevo Ministerio Público
continuará las investigaciones a fin de determinar la responsabilidad de
todos los que actuaron contra el patrimonio de la nación utilizando a
PDVSA para realizar operaciones de desfalco y blanqueo de capitales.
